¡A cortar cabezas y dinero extranjero!

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El Ministerio Público de Arequipa acaba de confirmar, tras un peritaje oficial, lo que ya todos sabíamos: que el extorsionador que pide “lentejas”, a cambio de levantar el paro contra Tía María, es el suspendido (y no expulsado) militante de Tierra y Libertad, Pepe Julio Gutiérrez. Con esta confirmación, este antiminero no debería salir de prisión —tal como podría suceder el jueves 21— si es que la Fiscalía Especializada contra el crimen organizado arequipeña no apura las cosas y logra hacer justicia por las muertes y el terror desatados en Arequipa y el Tambo. Porque si Gutiérrez —y todos los que levantaron a las turbas contra civiles inocentes y policías— son tan hombrecitos, pues que asuman hoy las consecuencias de su discurso violentista.

Pero Gutiérrez no es el único agitador que debe ser procesado por asociación ilícita y extorsión. A él se suman Rubén Quispe Colla, Huber Puma Puma, Jaime de la Cruz Gallegos y Milton Abramonte Cienfuegos. Todos, condenados a tres años de prisión suspendida, y al pago de una reparación de 20 mil soles (¿ya la pagaron?) por bloquear carreteras en el 2010. O sea, son reincidentes (con lo cual la justicia no puede tener ninguna contemplación). Pero estos no son los únicos; ahí están Gerónimo López (Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa), Jorge del Carpio Lazo (Asamblea Popular de los Pueblos de Arequipa), Bladimiro Begazo Begazo y José Figueroa Cuentas (Movimiento de Afirmación Social).

La huelga contra Tía María ofrece un balance delincuencial que no podemos pasar por alto: muertos en ambos frentes, heridos por doquier, destrozos a la propiedad pública y privada, paralización del comercio y de actividades que van hasta el dictado de clases escolares, más bloqueos de vías y ser los causantes del pánico generalizado a una población que no comulga masivamente con sus ideas. Así, todos estos “dirigentes” son responsables, además, de lo que sucedió con la ciudadana Yovana Mendoza Serrano (35), a la que una turba de subnormales en Cocachacra golpeó, secuestró, desnudó y vejó hace unos días por negarse a participar en sus movilizaciones. Y si todo esto ya es de terror, también deben asumir el injusto éxodo de unas 80 personas que, a la fecha, viven en calidad de refugiados en Arequipa, pues han tenido que huir de Cocachacra solo por manifestarse a favor del proyecto Tía María. Ante una situación tan grave, el Estado en bloque (Gobierno, Fiscalía y Poder Judicial) debe pasar factura a todos estos revoltosos, y hacerles pagar hasta el último sol por todos los daños causados; sin perjuicio de la condena que, expeditivamente, la justicia les imponga por los delitos cometidos (cambien a esa jueza Lastra, que es un lastre, y que asuma un juzgado de Arequipa o Lima).

Pero no nos hagamos los tontos: detrás de todo este escenario violentista, hay un discurso incendiario para esas turbas que han terminado delinquiendo impunemente en el sur; y ese no es otro que el de los líderes del partido antiminero Tierra y Libertad. Unas fotografías, publicadas el pasado viernes 10 de abril por el portal Mollendinos, muestran a José de Echave, Pedro Francke, Jesús Cornejo, Marco Arana y Pepe Julio Gutiérrez pronunciándose abiertamente en contra de Tía María, y apoyando la huelga indefinida en Islay. Esa misma huelga en la que todo el país ha visto policías masacrados en fosas, “espartambos” arengando como asesinos por ‘sangre de tombos’, además de la persecución y muerte de inocentes; lo que ha convertido al Tambo en una verdadera “zona liberada”. Y si el ministro de Justicia dice que estas protestas son financiadas por organizaciones vinculadas al lavado de activos, el gobierno debe —inmediatamente— prohibir el ingreso del dinero extranjero que reciben los partidos y oenegés que participan en las protestas antimineras. A ver si así les quitan la plata (y la gracia) a quienes hoy, sintiéndose “ganadores” por sentarse en el progreso de todos, ya anuncian más paralizaciones (léase, violencia y terror) en Arequipa y en otras regiones del sur.

 

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